El presente ensayo, pretende entregar una visión amplia sobre la última Reforma Educacional Chilena, para esto vamos a considerar sus avances y retrocesos de acuerdo a los antecedentes recopilados en talleres anteriores, a los apuntes de clases, y al análisis realizado de acuerdo a la gráfica entregada para éste fin.
A lo largo de la historia de Chile, nuestro país ha sufrido diferentes reformas en el área de la educación. A comienzos del siglo XX se crea la Escuela Normal de Preceptores y se aprueba en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo que permite elevar cualitativa y cuantitativamente el nivel educacional de nuestro país.
Tiempo después, el Estado estableció políticas educacionales que apuntaban a ampliar la cobertura en educación como principal objetivo de la reforma, poniendo especial énfasis en la educación básica, media y técnico profesional de nivel medio y superior, se crearon universidades y la reforma universitaria de fines de la década del sesenta, lo que permitió encaminar el desarrollo hacia la industrialización y modernización del país.
La historia de la Educación chilena señala que tradicionalmente el Estado financió y administró el sistema educacional público ofreciendo educación gratuita a todas las personas independientes de las capacidades económicas y con la característica que la educación básica debía ser obligatoria.
Pasado los años 80’, el país inició una descentralización del financiamiento del sistema mediante subvención, generándose una gran Reforma educativa neoliberal en el año 1981 que consistió en la instalación de tres grandes cambios:
En primer lugar, se entregó la administración de los establecimientos educacionales, hasta entonces dependientes del Ministerio de Educación, a los Municipios del país, estos se encargaban del personal, con poder de contratar y despedir profesores, y administrar su infraestructura, mientras el Ministerio mantenía funciones normativas; es decir, otorgaba un marco regulatorio, definía el currículum y de los libros de texto, de supervisión y de evaluación.
En segundo lugar, cambio la forma de la asignación de los recursos, de una modalidad basada en los presupuestos históricos de gasto de los establecimientos a una modalidad basada en el pago de una subvención por alumno atendido; adicionalmente, el pago por alumno fue calculado de modo de operar como incentivo económico para el ingreso de gestores privados dispuestos a establecer nuevos establecimientos de educación básica y media.
Por último, la reforma traspasó la administración de un número de establecimientos públicos de educación vocacional (nivel medio) desde el Ministerio de Educación a corporaciones constituidas ad-hoc por los principales gremios empresariales.
Los propósitos gubernamentales explícitos e implícitos tras las políticas descentralizadoras y privatizadoras de estos años fueron orientados al logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, a través de la competencia entre establecimientos por matrícula; el traspaso de funciones desde el Ministerio de Educación y su burocracia central a los poderes locales representados en el Municipio, así como la disminución del poder de negociación del gremio docente; una mayor participación del sector privado en la provisión de la educación, lo que establecería bases para una mayor competencia entre establecimientos y mayores opciones para los consumidores; por último, una cercanía mayor de la educación media técnico-profesional a los ámbitos económicos de la producción y los servicios.
De aquí surge la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Educación, Se caracteriza por fijar los requisitos mínimos que debieran cumplir los niveles de enseñanza básica y enseñanza media, es deber del Estado regular, velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel (artículo 1º).
Respecto de su contenido se puede afirmar que el objetivo principal de esta norma es generar las condiciones de Libertad de Enseñanza por un lado, argumento que puede resultar aceptable y necesaria, sin embargo, también puede ser interpretada como un acto que pretende soslayar las responsabilidades que debe tener el Estado sobre el tema. Entiéndase que si bien se puede admitir libertad empresarial para la enseñanza, no así se debe permitir que el Estado deje desamparados a aquellos demandantes que no tienen los recursos. Claramente el Estado debe hacerse cargo de financiar la enseñanza de los estudiantes de menores recursos.
Junto con lo anterior, esta norma fija los requisitos mínimos, que son realmente demasiado mínimos, para “abrir un negocio en el mercado de la Educación”,
En resumen la reforma impuesta por el régimen militar introdujo un financiamiento basado en el subsidio a la demanda, desafilió del estatus de funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente y utilizó instrumentos legales e incentivos de mercado para estimular la creación y el crecimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal.
A partir de lo anterior, las políticas educativas se basarían en la equidad social para el desarrollo moderno del país, ampliación e igualdad de oportunidades educacionales sobre pluralismo, libertad de enseñanza y modernización cualitativa de la educación.
Entre las iniciativas consideradas para el desarrollo de este proceso, surgieron las siguientes acciones:
• Programa de mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de sectores pobres (P-900), hoy denominado de Escuelas Focalizadas, cuya orientación es precisamente el reforzamiento del trabajo pedagógico con aquellas escuelas de más bajo rendimiento en las pruebas de medición de los cuartos años básicos (SIMCE).
• Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación Básica (MECE BÁSICA 1992 a 1997), el que estaba principalmente centrado en aportes de infraestructura, equipamiento escolar y en mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (salud, alimentación escolar), apoyo de textos y metodologías de enseñanza.
• Proyecto de de Mejoramiento Educativo (PME), destinados a apoyar iniciativas de enseñanza innovadoras a nivel del aula.
• Proyecto Enlaces , destinado a incorporar la informática educativa a la escuela " el cual pasa de 55 establecimientos educacionales en el año 1994 a 183 en 1995" (Hepp 1999:293) luego de un estudio realizado por el Mineduc ante la creciente demanda de los establecimientos educacionales por contar con tecnología computacional.
• Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE MEDIA)
El Informe Delors se constituyó como el marco filosófico de nuestra última reforma, pues éste fue diseñado para entregar las pautas esenciales que guiarán la reestructuración de los sistemas educacionales de América Latina y el Caribe. Existe la profunda convicción que una educación de calidad que esté sustentada por los cuatro pilares del aprendizaje (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser) podrán proporcionar las dimensiones cognitivas, morales y culturales que permitirán, tanto a individuos como a grupos sociales, la superación de los obstáculos y el aprovechamiento de las oportunidades inherentes al proceso de globalización. Estos cuatro pilares fundacionales de la educación –que promueven un enfoque radicalmente diferente del aprendizaje– en conjunción con reformas estructurales claves, podrán dar lugar a un sistema de educación substancialmente más flexible y dinámico.
La década de los años 90 se encuentra marcada por decisiones políticas, sociales y económicas que producirán profundos cambios en los patrones de articulación entre el Estado y la sociedad civil, a través del papel que asumen los mercados en la regulación de prioridades que los gobiernos latinoamericanos habían sustentado durante las décadas anteriores. Surgen las voces de la modernización y la democratización como fuerzas que alientan comportamientos nuevos y que transforman la significación de lo público. En este aspecto, se logra consenso en torno a que no hay desarrollo económico posible sin una educación equitativa y de calidad.
Se observa una renovación del pensamiento y se inicia el tránsito hacia la “transformación productiva con equidad”, identificando a la educación y al conocimiento como los ejes de dicha transformación, en virtud a que la competitividad internacional y el reconocimiento de significativas situaciones de pobreza han colocado con urgencia nuevos temas a ser abordados: “satisfacer necesidades de conocimientos nuevos, construir capacidades analíticas, hacer uso más eficiente de los recursos disponibles... y privilegiar el desarrollo de la población en situación de carencia, postergación o marginamiento”.
En este escenario, el sistema educativo adquiere una dimensión estratégica. “De la calidad de su acción, de su capacidad para sostener esfuerzos sistemáticos de creación, actualización y consolidación del capital humano, de sus contribuciones para formar ciudadanos creativos, activos y participantes y de su orientación a contribuir a reducir las inequidades sociales, depende en gran medida el acceso definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como modo de vida”. Estos enfoques reconocen que la educación y la formación de recursos humanos permiten la generación de capacidades para el desarrollo de las personas.
La CEPAL es un organismo internacional que se han formado para apoyar el desarrollo económico y cultural de los países.
Según los objetivos, criterios y lineamientos de la propuesta de educación y conocimiento; eje de la transformación productiva con equidad; podemos decir que esta propuesta influyo en la reforma que sufrió nuestro sistema educacional en los años noventa, determinando las prioridades y los planes de acción a seguir, buscando el camino de cómo ponerlos en marcha, conjugando las condiciones de nuestro país en ese entonces, los recursos y los apoyos necesarios para hacer viable la reforma. Además en términos específicos ayudo a el mejoramiento de la calidad de la educación; innovación en el nivel de enseñanza media; acreditación de instituciones; capacitación técnica e investigación estratégica.
Las reformas educacionales representan uno de los requerimientos de los organismos internacionales a los sistemas educacionales de los países.
Las reformas educacionales representan el esfuerzo sistemático de cada nación para repensar su desarrollo, debemos reconocer que la educación es dinámica y compleja, por lo tanto debemos enfrentar ese dinamismo de manera enérgica.
Todas las reformas y en especial la del gobierno militar hasta la actualidad lo que buscan es mejorar la educación en todos sus aspectos. Se entiende el hecho que debido a las circunstancias políticas y a la crisis económica de ese entonces se tuvo que cambiar el modelo y la visión de desarrollo del país, de una visión marxista paso a una neoliberal.
El estado entra a ser subsidiario esto quiere decir que cubre aquellas actividades necesarias o convenientes para el país (en este caso en el ámbito de la educación). Además se produce la municipalización de las unidades educativas y se reconoce que cada colegio puede tener su propio proyecto educativo, el estado da solo el marco regulatorio.
A modo de conclusión podemos decir que la recuperación de la democracia, trajo consigo la elaboración e implementación de políticas públicas que permitieran revertir la situación vivida en el período del gobierno militar y que tenían relación con una importante reducción del presupuesto del sector de educación lo que implicó un deterioro sostenido de la educación cuyos impactos perduraron, hasta mediados de los años noventa.
En este escenario y al inicio del mandato del presidente Patricio Aylwin el sistema educativo mostraba indicadores críticos en cuanto a la calidad de la educación y a la equidad de su distribución, por lo que se implementaron programas integrales de intervención para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y se focalizaron escuelas y liceos de menores recursos con bajos resultados de aprendizajes, que tenían como propósito mejorar la equidad. En esta primera etapa, una de las primeras iniciativas fue el programa de las 900 escuelas (P-900), que estaba orientado al reforzamiento del trabajo pedagógico, con aquellas escuelas de más bajo rendimiento.
El P 900, dio paso al Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la Educación, con sus tres vertientes, MECE Básica, MECE Rural, esto suponía también evitar la deserción ocurrida principalmente en sectores rurales y de bajos recursos y por último el MECE Media, que era el nivel educacional que presentaba una crisis mayor. Por lo que se procede a realizar una reforma curricular, redefiniendo sus contenidos culturales y reformulando su sentido y estructura.
Aún así la Reforma Educativa, continúa su cauce se implementa la jornada escolar completa en forma gradual, en razón de la alta inversión que se necesita para la infraestructura y que sobrepasa los cálculos estimativos realizados por el nivel central.
Para llevar a cabo este proceso, se perfeccionó al profesorado, en jornadas de capacitación mediante cursos talleres, que implicaba un trabajo presencial y un trabajo de seguimiento y apoyo, que tenían como propósito cambiar y renovar las prácticas docentes, sin embargo y como ha ocurrido en toda la década, el impacto de los resultados de los aprendizajes de los alumnos no tiene la progresión esperada de acuerdo a los insumos incorporados.
Los avances mostrados en el sistema educacional chileno, son lentos y las diferencias cada vez se hacen más notorias entre los factores de dependencia (público y privado), siendo un factor preponderante el nivel socioeconómico de la familia.
La desigualdad y la falta de equidad se hacen más notorias en la sociedad chilena y se ha producido un estancamiento de los resultados, la educación pública no está siendo un elemento o herramienta para la superación de la pobreza.
UBO 2010
A lo largo de la historia de Chile, nuestro país ha sufrido diferentes reformas en el área de la educación. A comienzos del siglo XX se crea la Escuela Normal de Preceptores y se aprueba en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo que permite elevar cualitativa y cuantitativamente el nivel educacional de nuestro país.
Tiempo después, el Estado estableció políticas educacionales que apuntaban a ampliar la cobertura en educación como principal objetivo de la reforma, poniendo especial énfasis en la educación básica, media y técnico profesional de nivel medio y superior, se crearon universidades y la reforma universitaria de fines de la década del sesenta, lo que permitió encaminar el desarrollo hacia la industrialización y modernización del país.
La historia de la Educación chilena señala que tradicionalmente el Estado financió y administró el sistema educacional público ofreciendo educación gratuita a todas las personas independientes de las capacidades económicas y con la característica que la educación básica debía ser obligatoria.
Pasado los años 80’, el país inició una descentralización del financiamiento del sistema mediante subvención, generándose una gran Reforma educativa neoliberal en el año 1981 que consistió en la instalación de tres grandes cambios:
En primer lugar, se entregó la administración de los establecimientos educacionales, hasta entonces dependientes del Ministerio de Educación, a los Municipios del país, estos se encargaban del personal, con poder de contratar y despedir profesores, y administrar su infraestructura, mientras el Ministerio mantenía funciones normativas; es decir, otorgaba un marco regulatorio, definía el currículum y de los libros de texto, de supervisión y de evaluación.
En segundo lugar, cambio la forma de la asignación de los recursos, de una modalidad basada en los presupuestos históricos de gasto de los establecimientos a una modalidad basada en el pago de una subvención por alumno atendido; adicionalmente, el pago por alumno fue calculado de modo de operar como incentivo económico para el ingreso de gestores privados dispuestos a establecer nuevos establecimientos de educación básica y media.
Por último, la reforma traspasó la administración de un número de establecimientos públicos de educación vocacional (nivel medio) desde el Ministerio de Educación a corporaciones constituidas ad-hoc por los principales gremios empresariales.
Los propósitos gubernamentales explícitos e implícitos tras las políticas descentralizadoras y privatizadoras de estos años fueron orientados al logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, a través de la competencia entre establecimientos por matrícula; el traspaso de funciones desde el Ministerio de Educación y su burocracia central a los poderes locales representados en el Municipio, así como la disminución del poder de negociación del gremio docente; una mayor participación del sector privado en la provisión de la educación, lo que establecería bases para una mayor competencia entre establecimientos y mayores opciones para los consumidores; por último, una cercanía mayor de la educación media técnico-profesional a los ámbitos económicos de la producción y los servicios.
De aquí surge la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Educación, Se caracteriza por fijar los requisitos mínimos que debieran cumplir los niveles de enseñanza básica y enseñanza media, es deber del Estado regular, velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel (artículo 1º).
Respecto de su contenido se puede afirmar que el objetivo principal de esta norma es generar las condiciones de Libertad de Enseñanza por un lado, argumento que puede resultar aceptable y necesaria, sin embargo, también puede ser interpretada como un acto que pretende soslayar las responsabilidades que debe tener el Estado sobre el tema. Entiéndase que si bien se puede admitir libertad empresarial para la enseñanza, no así se debe permitir que el Estado deje desamparados a aquellos demandantes que no tienen los recursos. Claramente el Estado debe hacerse cargo de financiar la enseñanza de los estudiantes de menores recursos.
Junto con lo anterior, esta norma fija los requisitos mínimos, que son realmente demasiado mínimos, para “abrir un negocio en el mercado de la Educación”,
En resumen la reforma impuesta por el régimen militar introdujo un financiamiento basado en el subsidio a la demanda, desafilió del estatus de funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente y utilizó instrumentos legales e incentivos de mercado para estimular la creación y el crecimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal.
A partir de lo anterior, las políticas educativas se basarían en la equidad social para el desarrollo moderno del país, ampliación e igualdad de oportunidades educacionales sobre pluralismo, libertad de enseñanza y modernización cualitativa de la educación.
Entre las iniciativas consideradas para el desarrollo de este proceso, surgieron las siguientes acciones:
• Programa de mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de sectores pobres (P-900), hoy denominado de Escuelas Focalizadas, cuya orientación es precisamente el reforzamiento del trabajo pedagógico con aquellas escuelas de más bajo rendimiento en las pruebas de medición de los cuartos años básicos (SIMCE).
• Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación Básica (MECE BÁSICA 1992 a 1997), el que estaba principalmente centrado en aportes de infraestructura, equipamiento escolar y en mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (salud, alimentación escolar), apoyo de textos y metodologías de enseñanza.
• Proyecto de de Mejoramiento Educativo (PME), destinados a apoyar iniciativas de enseñanza innovadoras a nivel del aula.
• Proyecto Enlaces , destinado a incorporar la informática educativa a la escuela " el cual pasa de 55 establecimientos educacionales en el año 1994 a 183 en 1995" (Hepp 1999:293) luego de un estudio realizado por el Mineduc ante la creciente demanda de los establecimientos educacionales por contar con tecnología computacional.
• Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE MEDIA)
El Informe Delors se constituyó como el marco filosófico de nuestra última reforma, pues éste fue diseñado para entregar las pautas esenciales que guiarán la reestructuración de los sistemas educacionales de América Latina y el Caribe. Existe la profunda convicción que una educación de calidad que esté sustentada por los cuatro pilares del aprendizaje (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser) podrán proporcionar las dimensiones cognitivas, morales y culturales que permitirán, tanto a individuos como a grupos sociales, la superación de los obstáculos y el aprovechamiento de las oportunidades inherentes al proceso de globalización. Estos cuatro pilares fundacionales de la educación –que promueven un enfoque radicalmente diferente del aprendizaje– en conjunción con reformas estructurales claves, podrán dar lugar a un sistema de educación substancialmente más flexible y dinámico.
La década de los años 90 se encuentra marcada por decisiones políticas, sociales y económicas que producirán profundos cambios en los patrones de articulación entre el Estado y la sociedad civil, a través del papel que asumen los mercados en la regulación de prioridades que los gobiernos latinoamericanos habían sustentado durante las décadas anteriores. Surgen las voces de la modernización y la democratización como fuerzas que alientan comportamientos nuevos y que transforman la significación de lo público. En este aspecto, se logra consenso en torno a que no hay desarrollo económico posible sin una educación equitativa y de calidad.
Se observa una renovación del pensamiento y se inicia el tránsito hacia la “transformación productiva con equidad”, identificando a la educación y al conocimiento como los ejes de dicha transformación, en virtud a que la competitividad internacional y el reconocimiento de significativas situaciones de pobreza han colocado con urgencia nuevos temas a ser abordados: “satisfacer necesidades de conocimientos nuevos, construir capacidades analíticas, hacer uso más eficiente de los recursos disponibles... y privilegiar el desarrollo de la población en situación de carencia, postergación o marginamiento”.
En este escenario, el sistema educativo adquiere una dimensión estratégica. “De la calidad de su acción, de su capacidad para sostener esfuerzos sistemáticos de creación, actualización y consolidación del capital humano, de sus contribuciones para formar ciudadanos creativos, activos y participantes y de su orientación a contribuir a reducir las inequidades sociales, depende en gran medida el acceso definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como modo de vida”. Estos enfoques reconocen que la educación y la formación de recursos humanos permiten la generación de capacidades para el desarrollo de las personas.
La CEPAL es un organismo internacional que se han formado para apoyar el desarrollo económico y cultural de los países.
Según los objetivos, criterios y lineamientos de la propuesta de educación y conocimiento; eje de la transformación productiva con equidad; podemos decir que esta propuesta influyo en la reforma que sufrió nuestro sistema educacional en los años noventa, determinando las prioridades y los planes de acción a seguir, buscando el camino de cómo ponerlos en marcha, conjugando las condiciones de nuestro país en ese entonces, los recursos y los apoyos necesarios para hacer viable la reforma. Además en términos específicos ayudo a el mejoramiento de la calidad de la educación; innovación en el nivel de enseñanza media; acreditación de instituciones; capacitación técnica e investigación estratégica.
Las reformas educacionales representan uno de los requerimientos de los organismos internacionales a los sistemas educacionales de los países.
Las reformas educacionales representan el esfuerzo sistemático de cada nación para repensar su desarrollo, debemos reconocer que la educación es dinámica y compleja, por lo tanto debemos enfrentar ese dinamismo de manera enérgica.
Todas las reformas y en especial la del gobierno militar hasta la actualidad lo que buscan es mejorar la educación en todos sus aspectos. Se entiende el hecho que debido a las circunstancias políticas y a la crisis económica de ese entonces se tuvo que cambiar el modelo y la visión de desarrollo del país, de una visión marxista paso a una neoliberal.
El estado entra a ser subsidiario esto quiere decir que cubre aquellas actividades necesarias o convenientes para el país (en este caso en el ámbito de la educación). Además se produce la municipalización de las unidades educativas y se reconoce que cada colegio puede tener su propio proyecto educativo, el estado da solo el marco regulatorio.
A modo de conclusión podemos decir que la recuperación de la democracia, trajo consigo la elaboración e implementación de políticas públicas que permitieran revertir la situación vivida en el período del gobierno militar y que tenían relación con una importante reducción del presupuesto del sector de educación lo que implicó un deterioro sostenido de la educación cuyos impactos perduraron, hasta mediados de los años noventa.
En este escenario y al inicio del mandato del presidente Patricio Aylwin el sistema educativo mostraba indicadores críticos en cuanto a la calidad de la educación y a la equidad de su distribución, por lo que se implementaron programas integrales de intervención para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y se focalizaron escuelas y liceos de menores recursos con bajos resultados de aprendizajes, que tenían como propósito mejorar la equidad. En esta primera etapa, una de las primeras iniciativas fue el programa de las 900 escuelas (P-900), que estaba orientado al reforzamiento del trabajo pedagógico, con aquellas escuelas de más bajo rendimiento.
El P 900, dio paso al Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la Educación, con sus tres vertientes, MECE Básica, MECE Rural, esto suponía también evitar la deserción ocurrida principalmente en sectores rurales y de bajos recursos y por último el MECE Media, que era el nivel educacional que presentaba una crisis mayor. Por lo que se procede a realizar una reforma curricular, redefiniendo sus contenidos culturales y reformulando su sentido y estructura.
Aún así la Reforma Educativa, continúa su cauce se implementa la jornada escolar completa en forma gradual, en razón de la alta inversión que se necesita para la infraestructura y que sobrepasa los cálculos estimativos realizados por el nivel central.
Para llevar a cabo este proceso, se perfeccionó al profesorado, en jornadas de capacitación mediante cursos talleres, que implicaba un trabajo presencial y un trabajo de seguimiento y apoyo, que tenían como propósito cambiar y renovar las prácticas docentes, sin embargo y como ha ocurrido en toda la década, el impacto de los resultados de los aprendizajes de los alumnos no tiene la progresión esperada de acuerdo a los insumos incorporados.
Los avances mostrados en el sistema educacional chileno, son lentos y las diferencias cada vez se hacen más notorias entre los factores de dependencia (público y privado), siendo un factor preponderante el nivel socioeconómico de la familia.
La desigualdad y la falta de equidad se hacen más notorias en la sociedad chilena y se ha producido un estancamiento de los resultados, la educación pública no está siendo un elemento o herramienta para la superación de la pobreza.
UBO 2010
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